La Asociación de Empresas del Sector Tecnológico de Huelva, comparte plenamente la preocupación expresada por la Confederación respecto a las incertidumbres e inseguridad jurídica que esta decisión genera tanto para las empresas obligadas por la norma como para los desarrolladores e implantadores de software de facturación, que han tenido que adecuarse a los requisitos exigidos por la Ley desde el pasado 1 de julio de 2025.
Las empresas tecnológicas de Huelva —al igual que las del resto del país— han realizado inversiones importantes para adaptar sus sistemas, y ahora se enfrentan a solicitudes de reversión y dudas por parte de sus clientes. Recordamos que las empresas de software actuamos como intermediarios obligados y no somos responsables de los continuos cambios normativos ni de los plazos establecidos por la Administración. Es imprescindible aclarar quién asumirá los costes derivados de estas decisiones adoptadas a última hora.
Asimismo, desde ASEIN respaldamos la reivindicación histórica de CONETIC relativa a la necesidad de un proyecto de Estado para la implantación de la factura electrónica basado en la visión europea del informe VIDA. La aprobación de la citada directiva y su trasposición en España confirman que el futuro pasa por la facturación electrónica estandarizada, que hará innecesarios los actuales modelos de reporte fiscal como el SII o Veri*Factu.
Resulta preocupante que el sector del software —pieza fundamental para la implantación de cualquier normativa fiscal digital— haya sido nuevamente excluido de los procesos de diseño, toma de decisiones y definición de plazos, recayendo después sobre nuestras empresas toda la responsabilidad operativa frente a los contribuyentes.
Desde ASEIN reiteramos que la transformación digital de España es un proyecto estratégico que debe abordarse con planificación, diálogo, consenso y visión a largo plazo, alineado con las directrices europeas y evitando decisiones que generen desconcierto e inseguridad como la acontecida.
ASEIN se suma plenamente al comunicado de CONETIC y solicita un marco estable, trabajado conjuntamente con el sector tecnológico, que garantice la seguridad jurídica necesaria para empresas y desarrolladores.
